El pleno del parlamento autonómico ha aprobado una declaración institucional con la que se suma a la propuesta de Amnistía Internacional de democratizar el acceso al tratamiento de la COVID-19 en todo el mundo y que se imponga la perspectiva de los Derechos Humanos para garantizar el acceso universal a la salud.
De esta manera, el parlamento autonómico ratifica su apoyo a la petición de la Comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas, en la que está representada la Generalitat y entidades del tercer sector especializadas en migración, asilo y Derechos Humanos, de unirse a la propuesta de Amnistía Internacional tal y como se declaró tras la reunión mantenida el pasado 17 de febrero.
El texto del Consell plantea la exención de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio para la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19.
En este sentido, la declaración institucional recoge el compromiso del gobierno valenciano de instar al gobierno de España a apoyar la propuesta de esta exención en la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará los días 10 y 11 de marzo de 2021.
Escasez de vacunas
El texto destaca también la actual escasez mundial de vacunas y la falta de agencia pública mundial ha impulsado diferentes acuerdos entre los países ricos y la industria privada farmacéutica para la compra anticipada de miles de millones de dosis de las vacunas para su población, excluyendo a población de los países empobrecidos.
El parlamento valenciano, del mismo modo, se ha unido a la denuncia del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el egoísmo de unos pocos países respecto a las vacunas, y como es necesario, aparte de la perspectiva de los Derechos Humanos que hay que salvaguardar, contener y tratar la pandemia en todo el planeta como solución frente a la crisis de salud pública mundial que se está viviendo. COECS / GVA.