La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, durante su participación en la apertura del IV Congreso de Derecho Sanitario que ayer comenzó en València, ha reclamado «un nuevo marco legal» que equilibre «el derecho a morir con dignidad y los principios éticos que llevan a los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia» porque, en su opinión, «los poderes públicos no pueden dejar desprotegido a quien reclama poner fin a su sufrimiento». Este congreso reúne más de 470 profesionales y expertos del Derecho y la Sanidad y donde, entre otros asuntos, se debatirá esta cuestión.
En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que este debate es «de una tremenda complejidad». Por ello, «hay una parte de la doctrina que cree necesaria una nueva regulación del ejercicio de la objeción de conciencia sobre el que hay poca doctrina constitucional, no sólo en nuestro país, sino en la inmensa mayoría de textos de Derecho Internacional. De ahí que las aportaciones que pueda realizar el congreso sobre este debate serán «valiosísimas».
La consellera ha calificado el encuentro entre juristas y sanitarios como «oportuno y necesario» tras el «durísimo reto» que ha supuesto la COVID-19 donde se ha comprobado que «gracias a un sector público eficaz y eficiente se ha podido atender a los enfermos y distribuir universalmente la vacuna, al tiempo que se paliaban los estragos que este mal ha causado en nuestra economía». Para Gabriela Bravo, todo ello no hubiera sido posible sin «una sólida armadura institucional y administrativa bien regulada por nuestro ordenamiento jurídico y con los magníficos profesionales sanitarios con los que contamos».
Derecho a la salud universal
Para la consellera, la pandemia «ha puesto de manifiesto que sólo desde los poderes públicos se puede garantizar con plenitud el derecho a la salud universal. Pero, precisamente por eso, se requiere que el ordenamiento active una doble seguridad jurídica: por una parte, la necesaria para la gestión sanitaria y la labor de sus profesionales y, por otra para garantizar la mejor atención a la ciudadanía». GVA Justicia