El Ministerio de Sanidad ha destacado en sus medidas incluidas en la Reforma de la Administración en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la importancia que puede adquirir la implantación de las nuevas tecnologías para reducir los costes y hacer el sistema más sostenible. «La implantación de la e-Salud, la evaluación de tecnologías sanitarias y de servicios sociales y la fusión de organismos son algunas de las principales propuestas de estas medidas. En total, son 22 propuestas, cuyo ahorro para el Estado y las Comunidades Autónomas para el período 2013-2015 se estima en más de 558 millones de euros», destacan desde Sanidad.
Las medidas tienen por objeto evitar duplicidades, eliminar trabas burocráticas para los ciudadanos, simplificar el marco normativo y los procedimientos administrativos, así como reforzar los mecanismos de cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa.
Implantación de la e-Salud
Se trata, tal y como ha destacado el presidente del Gobierno, de que «la sanidad siga al ciudadano, y no al contrario». Dentro de este objetivo hay tres proyectos fundamentales. El primero es la receta electrónica. Según el Gobierno «garantizará la conexión de recetas prescritas en las distintas CC.AA. con la dispensación en farmacias fuera de la Comunidad. Esto facilitará a los pacientes la accesibilidad a los tratamientos en sus desplazamientos y evitará visitas médicas». El Gobierno prevé una disminución de consultas innecesarias en Atención Primaria del 20%. Junto con la reducción del papel receta generará un ahorro estimado en tres años para las CC AA de 457 millones de euros.
La siguiente medida es la historia clínica digital interoperable. El objetivo es disponer de un registro electrónico y estructurado de datos clínicos de un paciente, de modo compartido entre CC AA, de manera que se disponga de sus datos clínicos en cualquier servicio sanitario donde deba ser atendido. Esta medida supondrá un ahorro por la repetición de pruebas diagnósticas, aunque no es cuantificable en la actualidad.
Base de datos de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. A cada ciudadano se le asignará un código de identificación, lo que evitará fraudes al sistema y tener que renovar la tarjeta. Esta será la plataforma que hará posibles los proyectos anteriores, y generará un ahorro estimado en tres años de 88,5 millones, por la eliminación de fraude o irregularidades y por la no renovación de tarjetas.
Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías
El Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias se configura como un órgano colegiado, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Su función será ayudar a la toma de decisiones sobre la incorporación de nuevas prestaciones o exclusión de otras de bajo valor en la cartera de servicios sanitarios, así como en la modificación de sus condiciones de uso.
De este modo, las decisiones se tomarán en base a criterios de seguridad, efectividad y eficiencia.
Creación de la AECOSAN
El objetivo de esta medida es racionalizar estructuras administrativas. Tanto el Instituto Nacional de Consumo como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria trabajan en la protección de la salud de los consumidores. Con el nuevo organismo (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) se favorecerá el enfoque conjunto. El ahorro estimado por la supresión de altos cargos y personal de apoyo es de 1,08 millones de euros en tres años.
Otra de las medidas destinadas a racionalizar las estructuras es la fusión de los observatorios de la Mujer, de Salud y Cambio Climático y para la Prevención del Tabaquismo en el Observatorio Común del Sistema Nacional de Salud. El proyecto garantiza la integración de datos, la unidad de criterios y facilita la eficiencia organizativa.
Dentro del proceso de racionalización administrativa, el Instituto de la Mujer ya quedó adscrito, al inicio de la Legislatura, a la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, atribuyendo a la misma persona la dirección de los dos centros. Con esta nueva medida, al unificar recursos, se refuerza la integración de ambos centros, que comparten objetivos y realizan funciones complementarias. Así, se refuerza la capacidad de acción de la Administración en políticas de igualdad. El ahorro estimado para el Estado es de 1,18 millones en tres años.
Asimismo, otra de las medidas contempladas es la supresión del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, un órgano colegiado que no se ha reunido desde 2007. Hay que recordar que ya existe una Comisión Interministerial de Igualdad, como órgano de coordinación en la Administración. La medida no conlleva ahorro directo, pero sí una simplificación funcional y administrativa.
Otras medidas que tomará el Gobierno afectan a dos organismos autónomos de similar régimen jurídico, el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Consejo de la Juventud de España (CJE), duplicando las funciones en el ámbito del asociacionismo juvenil. Para reducir el entramado institucional el CJE se integra en el INJUVE, transformándolo en un órgano de carácter consultivo, denominado Consejo de Asociaciones de Juventud de España. El ahorro de esta medida vendrá derivada de la supresión del arrendamiento de la sede del CJE y el pago de impuestos, y se estima en 4,3 millones de euros en tres años.
Asimismo, se suprimen los observatorios de Juventud de ámbito autonómico, ya que el observatorio del INJUVE ya realiza trabajos y estudios a nivel nacional, lo que implica una duplicidad de información y trabajo con los observatorios de las CC AA.
Esta medida está encaminada a evaluar los servicios sociales gestionados por las distintas administraciones públicas competentes, con el fin de garantizar la igualdad efectiva en el acceso a los mismos de todos los ciudadanos. Hasta ahora, no se ha realizado a nivel estatal ninguna evaluación de los servicios sociales, a excepción de la efectuada en el ámbito de la Ley de Dependencia.
Por medio de esta medida, se pretende unificar los distintos programas de turismo social y termalismo que desarrolla el Estado y las distintas CC AA, ampliando la oferta de plazas. De este modo, se pretende que las CC AA puedan incorporarse a los programas de ámbito estatal, generando un ahorro que se estima en 5,3 millones de euros en tres años. Al mismo tiempo, se permitiría el acceso a estos programas a personas con ingresos bajos que, en la actualidad, tienen dificultades para participar. MSSSI.