Tras el periodo vacacional en el que muchos asuntos sociales y médicos han quedado en suspenso las asociaciones de personas dependientes, agrupadas en la Plataforma de la Dependencia de la Comunitat Valenciana, ha puesto sobre la mesa el copago de servicios sociales, que la Generalitat aprobó este mes de agosto y que, segun esta plataforma, tendrá graves consecuencias sociales y económicas si no se revierte.
Carme Santamaría, portavoz de la Plataforma de la Dependencia en Castellón ha destacado para Hoy Comentamos la importancia de seguir reivindicando que este copago se revierta ya que, de lo contrario, advierte que puede ser muy perjudicial para las familias, las personas que actualmente reciben atención en clínicas geriátricas y, en general, para las propias empresas del sector. «La aprobación el pasado 6 de agosto por parte del Consell del copago en los servicios sociales dirigidos a mayores y discapacitados no dependientes se ha realizado con total alevosía. Hasta el momento la atención residencial, los servicios en centros de día, las viviendas tuteladas o la teleasistencia y ayudas a domicilio eran los únicos que habían escapado al copago», explica Santamaria.
«Actualmente el copago de los servicios puede llegar hasta ser del 90% y dado que los impagos ocasionarán la finalización del servicio, no es de extrañar que de aquí a un tiempo veamos como las familias sacan a los mayores o a los discapacitados de los centros. Una auténtica barbaridad cometida con afán recaudatorio que no tiene en cuenta en absoluto las necesidades y el bienestar de mayores y discapacitados. Volvemos a 30 años atrás», denuncia Santamaría.
Con la decisión de trasladar el pago de parte de los servicios a los usuarios -impulsada desde inicios de agosto- el Consell se ha echado encima a todas las asociaciones y entidades implicadas en la dependencia y en el cuidado a las personas de la Tercera Edad. «Quién tenga dinero que se page los servicios, y quienes no, que se cuide de sus mayores y de sus enfermos a casa. Evidentemente, la descarga de los servicios sociales que la Generalitat y que el Estado español ya no quieren asumir va a parar directamente a las espaldas de las mujeres que tendrán que soportar todo el peso del que tenía que ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar», critica la portavoz de los dependientes en Castellón.
Los profesionales de los Servicios Sociales, contra de los recortes
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han advertido, a su vez, de los devastadores efectos de las reformas de la normativa sobre dependencia a nivel estatal sin que se hayan observado mejoras en la economía ni en la gestión. «Transcurrido un año desde la reforma de la Ley de Dependencia por la vía del decretazo de julio de 2012, se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que el sistema haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», explican en un comunicado de prensa. Según los gerentes de las tres reformas que ha sufrido ya la Ley 39/2006 desde su aprobación la de julio de 2012 es la que «ha impactado de manera más cruel en las personas en situación de dependencia, impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo, fomentando la desatención y parálisis por parte de las administraciones autonómicas responsables por la vía de estrangular la financiación, abandonando a los cuidadores familiares (97% mujeres) y destruyendo empleo y tejido productivo del sector de los cuidados».
«Estamos ante un panorama desolador si se tiene en cuenta que la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personas son retos ineludibles y muy oportunos para el país. El discurso oficial, plagado de insultantes eufemismos como mejora, sostenibilidad, o racionalización ya no resulta creíble por nadie», resaltan desde la asociación de gerentes.
Sigue la deuda pendiente con las entidades sociales
Otro de los problemas a los que tendrá que dar salida el Consell (y concretamente la Conselleria de Benestrar Social) parece ser el de los pagos a las entidades sociales, ya que siguen abonando las cantidades con retraso tal y como denuncia la Plataforma para la Dependencia. «El último mes cobrado es junio. Por lo tanto, a fecha de hoy se adeuda julio, y agosto. Las plataformas iniciaremos de nuevo contactos con Conselleria para concretar el pago de la retroactividad que se había de haber hecho el pasado mes de abril, y que se aplazó al segundo semestre del año por falta de liquidez», indica Carme Santamaría.
Neuroalianza contra los recortes del Estado en servicios sociales y sanidad
Precisamente el próximo día 10 cinco grandes asociaciones de enfermos de España presentarán en sociedad la llamada Neuroalianza para defender sus derechos contra los recortes en el ámbito de la asistencia social y la sanidad. Las asociaciones de pacientes temen que las medidas de recorte sanitario y social puedan afectar a la calidad de vida, presente y futura, de esta población, por ello se han unido la CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias), FEP (Federación Española de Parkinson), FELEM (Esclerosis Múltiple España), ASEM (Federación Española de Enfermedades Neuromusculares) y ADELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Esta unión de los representantes de pacientes «nace con el objetivo de defender los derechos e intereses de los afectados por enfermedades neurodegenerativas en el conjunto del territorio español. La Neuroalianza aglutinará a 400 asociaciones con 230.000 socios, representando a una población de 1.150.000 personas y familias afectadas por Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis Lateral Amiotrófica», explican desde Felem.
Según sus promotores, «la creación de esta alianza pretende concienciar a la población y administraciones del reto que supondrán para el conjunto de la sociedad estas enfermedades neurodegenerativas ya que por su incidencia y características, y debido, en parte, al envejecimiento progresivo de la población, constituirán el grupo de enfermedades más prevalentes en España. En este sentido las asociaciones de pacientes hacen un llamamiento a la gestión eficiente de recursos para la atención a los afectados, a la investigación así como al apoyo de los agentes implicados con las medidas apropiadas». Gabriel Ferrándiz/COECS.