La gestión de las especialidades enfermeras y de la prueba EIR por parte de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad es un ejemplo claro de la dejadez absoluta de nuestros políticos hacia la profesión sanitaria más numerosa en el sistema, la más cercana al paciente y la que tiene mayor proyección de futuro. Y es que, si bien es cierto que las especialidades están aprobadas y reguladas desde el año 2005, la realidad pasa porque, a día de hoy, su desarrollo está a años-luz del que debería ser, si tenemos en cuenta las necesidades asistenciales actuales y futuras de los ciudadanos.
En la convocatoria que acaba de publicar el Ministerio, las comunidades autónomas tienen acreditadas cerca de 1.500 plazas para enfermeros residentes. Una cifra ridícula, teniendo en cuenta que deberían dar cobertura a los 46,7 millones de españoles en todos los centros sanitarios de España. Además, esta cifra es a repartir entre las seis especialidades que en la actualidad están vigentes (hay una séptima, Enfermería Médico-Quirúrgica, que está a la espera de ver aprobado su plan formativo).
Resulta todavía más indignante si tenemos en cuenta que este millar y medio de plazas ni siquiera es el resultado final, ya que las Comunidades Autónomas dejan sin convocar más del 35% y, finalmente, la oferta se reduce a tan sólo 994 plazas.
Si hacemos el ejercicio de enumerar las especialidades enfermeras ya implantadas en nuestro sistema sanitario podremos hacernos una idea del potencial asistencial que están desperdiciando nuestros políticos: Familiar y Comunitaria; Pediatría, Matronas; Geriatría; y Salud Mental. Todas ellas especialidades enfermeras que resultan imprescindibles en el escenario sanitario y social, actual y futuro. Sin embargo, el numero de plazas de todas ellas no sólo es irrisorio sino que, además ha sido establecido a ciegas, sin un verdadero conocimiento de las necesidades reales de la sociedad y de los servicios asistenciales. Porque no existe un estudio específico de necesidades de enfermeros especialistas en el Sistema Nacional de Salud, a pesar de que han sido ya numerosos los ministros que se han comprometido a realizarlo.
Resulta fundamental aclarar que no estamos ante un reivindicación gremial, sino ante una necesidad real de nuestro sistema sanitario y de los propios ciudadanos. Las especialidades suponen un desarrollo fundamental para garantizar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes. Las distintas autoridades sanitarias han de ser conscientes de que el futuro de la sanidad pasa necesariamente por el desarrollo de la enfermería. No hay otro camino ante un escenario marcado por el aumento indiscriminado de pacientes crónicos, el incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento sostenido de la población. Y ante esta realidad sólo hay un camino para garantizar la sostenibilidad y la calidad de nuestros sistema sanitario: apostar de forma fuerte y decidida por la profesión enfermera. Y esto implica, de forma indiscutible, el desarrollo de profesionales especializados que puedan dar más y mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.
La especialización enfermera no solo supone una vía de crecimiento y desarrollo profesional, sino que también proyecta nuestra profesión hacia un futuro en el que la, hasta ahora, tradicional “polivalencia” de enfermeras y enfermeros, debe dejar paso a un nuevo perfil moderno y más adecuado a las necesidades de salud de los ciudadanos.
Finalmente cabe destacar la falta de vinculación de la especialidad a los puestos de trabajo en muchas Comunidades Autónomas. Esto supone que el sistema está formando especialistas para que después, a la hora de sacar plazas que deberían estar destinadas a enfermeros especialistas, no sea un requisito imprescindible estar en posesión de dicho título oficial y queden abiertas a todos los profesionales. Una situación absurda que afortunadamente está siendo subsanada por cada vez más autonomías que, sin embargo, no están terminando de hacer bien las cosas, ya que, a la vez que crean los puestos, también están regulando para evitar por todos los medios reconocer salarialmente la condición de especialista.
Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería