La totalidad de los colegios profesionales de la provincia de Castellón, incluyendo al Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, se han mostrado totalmente en contra de la regulación que el Gobierno quiere hacer de las competencias profesionales mediante un nuevo proyecto de Ley de Servicios Profesionales que, actualmente, está en fase de anteproyecto de ley (y en periodo de alegaciones). Reclaman que el Gobierno recule en su intención de desregularizar las competencias de los colegios profesionales ya que consideran que es un retorceso legal y un grave ataque a la autoordenación de las profesiones.
Según reza el comunciado, el Pleno de la Unión Profesional de Castellón, en la que están integrados los Colegios de Abogados, Agentes Comerciales, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitectos, Odontólogos, Enfermería, Farmacéuticos, Gestores Administrativos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Superiores Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Médicos, Procuradores, Psicólogos, Titulados Mercantiles y Empresariales, Veterinarios y Podólogos, que representan a 12.131 profesionales colegiados, en la Provincia, en la sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2013, y en relación con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, redactado por el Ministerio de Economía, acordó por unanimidad la difusión del siguiente comunicado:
1. El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha sido elaborado y aprobado por el Ministerio de Economía, al margen de los sectores afectados, en este caso los Colegios Profesionales, con un manifiesto desconocimiento de la realidad social que pretende regular.
2. Subyace, en dicho Anteproyecto un claro e injustificado prejuicio respecto de los Colegios Profesionales, cuyas funciones públicas, en materia de ordenación de las profesiones y control deontológico de las prácticas profesionales, se ven gravemente comprometidas por inadmisibles ingerencias de la Administración, dejando inermes a los Colegios frente a una posible intervención de la misma.
3. La desconfianza frente a los Colegios Profesionales llega al extremo de situar, en sus Órganos Sancionadores, un miembro designado por la propia Administración, imponer que la mayoría de sus componentes sean colegiados no ejercientes, totalmente ajenos a la práctica profesional, cuya exigencia será además de imposible aplicación en la práctica totalidad de los Colegios, e incluso prohibir que formen parte de dichos Órganos los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios, con cuya regulación se prescinde precisamente de los conocimientos, experiencia y compromiso necesarios para la debida ordenación y disciplina de las actividades profesionales, que constituyen razón de ser de los propios Colegios.
4. So pretexto de la colegiación única, que nadie cuestiona, habilitante para el ejercicio de cada profesión en todo el Estado, el Anteproyecto hace caso omiso de la base territorial de los Colegios, suprimiendo la exigencia de que la colegiación se produzca en el Colegio donde radica el domicilio profesional único o principal del interesado, cuya desconexión rompe el irrenunciable principio de proximidad a los destinatarios de los servicios e imposibilita a los Colegios desempeñar y cumplir con las funciones y obligaciones que el propio Anteproyecto les reconoce y atribuye, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y usuarios de los servicios.
5. Todo ello, a pesar de la importancia que la propia Exposición de Motivos otorga al sector de los servicios profesionales, que, según reconoce expresamente, genera cerca del 9% del PIB y en torno al 6% de empleo total, con el 30% del empleo universitario, lo que, con la pretendida regulación, lejos de potenciar, se pone, por el contrario, innecesariamente en peligro, ya qué incluso pone en riesgo la continuación de algunas profesiones, y sobre todo anula el conocimiento, que es la base de las profesiones.
6. Pedir el Ministro de Economía, que retire el Anteproyecto en cuestión y abra el imprescindible dialogo con los Colegios y sus representantes institucionales, para acometer la actualización y modernización del sector con una regulación acorde con las necesidades reales, en beneficio de los consumidores y usuarios de los servicios. COECS.