El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) se ha sumado y ha apoyado el comunicado difundido por la Mesa de la Profesión Enfermera (compuesta por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE) en el que se denuncia la peligrosa medida que quiere llevar a cabo la Generalitat de Cataluña, contando con personal no cualificado para administrar la vacuna contra el COVID-19.
Según ha indicado en un comunicado el ente colegial autonómico, esta medida supone una agresión sin precedentes a la profesión de Enfermería y es contraria a la legislación vigente. Además de atentar contra las competencias de las 325.000 enfermeras y enfermeros de toda España y poner en riesgo la óptima aplicación de las vacunas, esta medida «supone un riesgo innecesario no solo para la seguridad de los futuros vacunados, sino también para la de los propios trabajadores no cualificados, a quienes se podría estar induciendo a cometer un presunto delito de intrusismo».
Presunto delito de prevaricación
Si bien la prioridad absoluta es garantizar la seguridad del paciente, desde el CECOVA han insistido en que el incumplimiento de la norma a sabiendas, como es el caso, podría suponer un presunto delito de prevaricación en algo tan sensible como es la salud de las personas.
Desde el CECOVA han insistido en que el acto de la vacunación no es solo el mero hecho de administrar la vacuna al paciente, sino que también requiere de unos conocimientos exhaustivos tanto para la preparación como para la administración, así como la vigilancia, seguimiento y atención inmediata ante cualquier efecto adverso provocado por la vacuna. En este sentido, han detallado que «las enfermeras son las encargadas de realizar el acto profesional preciso, tienen unos conocimientos exhaustivos de la anatomía humana para evitar cualquier tipo de problemas y asegurarse de una correcta administración».
El CECOVA se ha sumado a la petición de anulación inmediata de la instrucción. COECS / CECOVA.