La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha anunciado a través de un comunicado que ha acogido la reunión del grupo de trabajo para la elaboración del ‘Protocolo de Atención Sanitaria a las Víctimas de Agresiones Sexuales’, del que forman parte, entre otros, profesionales sanitarios, forenses, fiscalía, decanato judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el centro Mujer 24 horas y la Subdelegación del Gobierno.
El objetivo de este protocolo es proporcionar un conjunto de recomendaciones protocolizadas para que, de la manera más homogénea posible, se actúe con rapidez, eficacia y coordinación. De este modo, se pretende reducir el impacto negativo o crear un perjuicio adicional a los daños derivados del momento de la comisión del delito, la victimización secundaria.
«Nos encontramos ante el reto de ofrecer una asistencia rápida, eficaz y coordinada que minimice el impacto de la agresión sobre la víctima y al mismo tiempo facilite la labor judicial y policial en la persecución de este tipo de delitos», ha señalado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras recordar que los servicios sanitarios suelen ser los primeros a los que acuden las víctimas de violencia de género o las que sufren una agresión sexual.
La consellera ha explicado que el personal sanitario suele ser el colectivo en quienes más confían las mujeres a la hora de revelar su situación, por ello «es importante favorecer una atención sanitaria eficaz y respetuosa, que vele por el respeto a la intimidad y tome en consideración las circunstancias que rodean a la víctima, para prestarle un apoyo específico necesario que facilite la labor judicial y policial, con el objeto de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles antes de que estas se deterioren o desaparezcan.
La coordinación, la clave
Desde Sanidad, ha subrayado la importancia de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas.
Los delitos contra la libertad sexual representan un porcentaje importante de las infracciones penales que se cometen y ocasionan graves secuelas psíquico-emocionales a las víctimas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual. En cifras, rondan los 830 casos de agresión sexual con penetración y son más de 6.000 los casos por otras agresiones contra la libertad sexual.
En esta reunión del grupo de trabajo celebrada se ha hecho especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, así como las embarazadas, que también pueden ser objeto de agresiones que repercutan además en la salud y viabilidad del feto.
«Es importante que los servicios sanitarios se coordinen con eficacia, prontitud y homegeneidad, con profesionales sensibles y con capacidad para tratar las manifestaciuones de violencia de género y las agresiones sexuales en general», ha concluido Ana Barceló. COECS / GVA.
