La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló ha informado de la tramitación de diligencias y en su caso, apertura de expedientes informativos a 10 cargos públicos, que forman parte de un total de 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes.
Según ha detallado la consellera Barceló de todos los casos que se han detectado, «171 casos están justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas ya reconstituidas a personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de riesgo justificados». Sin embargo, los 62 casos restantes, son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso, responsabilidades,
La Dirección General de Recursos Humanos y Salud Pública han abierto expedientes informativos para saber, en el primer caso, si algún profesional de la conselleria había cometido alguna irregularidad y, por otro, si habían sido vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si, de darse el caso, había alguna causa que justificara esta vacunación.
Según Barceló, de la información recabada hasta el momento, se desprende que «se pueden haber cometido irregularidades» y, «dada la trascendencia de este asunto y en aras de la trasparencia», ha avanzado algunos detalles «a expensas de que se sustancien varios de los expedientes que aún continúan abiertos».
Asimismo, la titular de Sanidad ha detallado que, desde la Dirección General de Recursos Humanos de Conselleria, en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos, entre ellos los que ya están en fase de diligencias previas o aquellos en los que se ha solicitado una ampliación de información. «Todos ellos afectan a personal propio que haya podido intervenir en el proceso de vacunación y, al encontrarse en trámite, están sujetos a la privacidad y protección de datos correspondiente», ha puntualizado Barceló.
Diez casos de cargos públicos
Respecto a estas 62 personas que han recibido la vacuna sin corresponderles, la máxima responsable de la Sanidad valenciana ha referido también las condiciones en las que han ocurrido los hechos en los casos de 10 cargos públicos que, «por su especial relevancia y trascendencia, se consideran de interés general», ha precisado Ana Barceló. Tres de estos casos se han registrado en la provincia de Castellón.
José Luis Cuesta Merino, hasta la pasada semana fiscal jefe de Castellón, fue vacunado en el centro de salud 9 de octubre, el 29 de enero se inician diligencias previas por parte de Recursos Humanos. Los responsables de la vacunación son la coordinadora de Enfermería de Atención Primaria y un enfermero. Y se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
Por su parte, Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río, y que, como alcalde, es también administrador de la residencia municipal, se vacuna en la residencia municipal, según ha alegado, porque estaba en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la residencia y autorizado por Salud Pública. Se encuentra abierto un expediente informativo en el Departamento de Salud de Castellón.
Por último, en el caso de Àngel Ribés Bellés, alcalde de Benlloc (Departamento de salud de Castelló), se están investigando las circunstancias en que se ha producido la vacunación al aparecer esta persona en el listado facilitado por Salud Pública.
Segunda dosis: conclusiones del Comité de Bioética
Respecto al suministro o no de la segunda dosis de la vacuna a estas personas, la titular de Sanidad ha recordado que ordenó que «no se les suministrara en tanto se toma una decisión definitiva, valorando la trascendencia médica que pueda tener la decisión, si es que la tiene, y teniendo en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, a quien se consultó».
En este sentido, la responsable sanitaria ha informado que el Comité ha trasladado a su departamento sus primeras conclusiones en las que indica, que «la administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan solo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer».
Según Barceló, el Comité también recomienda en su informe «que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que, administrativa y políticamente correspondan, y que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno». COECS / GVA.
