El gobierno autonómico valenciano ha anunciado a través de un comunicado que tras un mes de vigencia del Decreto Ley del régimen sancionador de medidas contra la propagación de la COVID-19 ha tramitado un total de 3.606 denuncias de infracciones que afectan a 3.257 personas físicas y 249 negocios o establecimientos.
La Generalitat recibe al día unas 150 propuestas de sanción impuestas por las policías locales, la Unidad Adscrita, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Del conjunto de denuncias, el 96% son infracciones leves impuestas a personas que no llevaban la mascarilla o lo hacían de manera incorrecta, han detallado. De las 3.257 personas sancionadas, 474 han reconocido la infracción y tendrán una rebaja del 40% en el importe de la sanción.
Infracciones por provincias
Por provincias, la de València concentra el 47% de las sanciones, con 1.600 actas levantadas. Le sigue Alicante con el 32% (1.113) y Castellón con el 21% y 692 denuncias. Para agilizar la tramitación de los expedientes, la Conselleria ha incorporado a nueve funcionarios (tres por provincia) dedicados en exclusiva a esta tarea.
Desde el gobierno valenciano han detallado que el decreto sancionador «tenía un marcado carácter disuasorio y no recaudatorio» y los fondos se destinarán a investigación sanitario.
Control de los locales sospechosos de prostitución
Desde el gobierno valenciano, del mismo modo, ha anunciado que el dispositivo especial desplegado por la Unidad Adscrita, en colaboración con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, para la inspección de los locales donde se sospecha que se ejerce la prostitución se va a completar hasta llegar al cien por cien de los 143 establecimientos de estas características de los que existen en la Comunitat Valenciana.
Estas inspecciones se llevan a cabo bajo un doble amparo legal. Por una parte, el de la ley de espectáculos autonómica, que permite sancionar a aquellos locales donde se ejerza una actividad diferente a la que contempla su correspondiente licencia; por otra, la del mencionado decreto-ley de régimen sancionador de medidas contra la COVID-19 aprobado el pasado 26 de julio por el Pleno del Consell, han detallado.
El dispositivo especial, puesto en marcha el pasado viernes, ha permitido la inspección de 37 de estos locales, de los cuales, 18 están en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castellón.
En estas 37 inspecciones se ha propuesto sanción para diez establecimientos. En seis de ellos por tener licencia diferente a la actividad ejercida y en los otros cuatro por incumplimiento de medidas contra la COVID-19. Cuatro locales de València cerraron tras la inspección y sus responsables aseguraron que no volverían a abrir. COECS / GVA.
