El Consell ha aprobado estra semana un Decreto-Ley en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica que supondrá un ahorro anual estimado de 300 millones de euros. De este modo, una de las causas que justifican la propuesta de tramitación de este Decreto-Ley se asienta en los resultados económicos que se pueden alcanzar en el ámbito autonómico en el contexto de los medicamentos prescritos y suministrados en el ámbito ambulatorio y hospitalario, con la consiguiente aportación en la reducción del déficit público y la mejora de la eficiencia en el ámbito del gasto de productos farmacéuticos.
El Decreto-Ley contiene un total de 20 artículos distribuidos en cinco capítulos con el objeto de adoptar medidas que permitan conseguir la citada reducción del déficit público en factores clave relacionados con la prestación farmacéutica y ortoprotésica. En este sentido, el Decreto-ley potencia al máximo la utilización de los sistemas de información de la conselleria de Sanitat, es decir, de la receta electrónica, y la prescripción y dispensación de medicamentos y ortoprótesis.
Prescripción y revisión de tratamientos
En concreto, desde la perspectiva de la prescripción, entre esas medidas está el algoritmo de decisión terapéutica corporativa, que se incorpora a la toma de decisiones de los médicos en el ámbito ambulatorio. Se trata de una aplicación interactiva en el sistema de información de la conselleria de Sanitat que facilita la selección automática del medicamento con mejor balance coste-efectividad en las patologías de mayor impacto sanitario de acuerdo con los protocolos de prescripción y tratamiento establecidos por las sociedades científicas.
De este modo, se habilitan mecanismos para adaptar la prescripción e indicación de medicamentos y productos sanitarios a la evidencia científica disponible, a las recomendaciones realizadas por diferentes instituciones evaluadoras y a la opinión de expertos, teniendo siempre en cuenta su relación coste-efectividad. En cualquier caso, se mantiene la libertad de prescripción del facultativo, ya que se habilita la posibilidad de prescribir fármacos distintos al propuesto por el sistema informático, siempre que se justifique clínicamente.
En este sentido, el 1 de abril comenzará su aplicación en el sistema de información en patologías y factores de riesgo de alta prevalencia como la diabetes, la dislipemia o hipercolesterolemia, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la osteoporosis y los antiácidos. También se contemplan iniciativas en el ámbito ambulatorio para impulsar los programas ya existentes de revisión de historiales farmacológicos (REFAR) y el seguimiento de las personas polimedicadas y crónicas. Hasta el momento, se han revisado más de 100.000 historiales farmacológicos, con la adecuación de más de 40.000 tratamientos, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de más de 19 millones de euros.
En cuanto al ámbito hospitalario, el Decreto-Ley contempla la potenciación de la compra centralizada de medicamentos, y se establecerán protocolos comunes de utilización de medicamentos de alto impacto en todos los centros sanitarios públicos, fruto del análisis comparativo de su eficacia, seguridad y eficiencia frente a las alternativas disponibles.
Dispensación y administración
Otras medidas contempladas en el Decreto-Ley en el ámbito de la dispensación y administración son los programas especiales de suministro directo y eficiente de productos farmacéuticos a pacientes crónicos, es decir, la individualización de la entrega de productos farmacéuticos, disminuyendo el precio de coste de adquisición gracias a la entrega directa.
Estos programas son, por una parte, la entrega de apósitos, tiras reactivas y extractos hiposensibilizantes (vacunas) en los centros sanitarios públicos. Otros programas de suministro directo de productos hacen referencia a la entrega de absorbentes y dietoterapéuticos a domicilio (que se irá implementando a partir del 1 de abril) o la entrada en funcionamiento de los servicios de suministro centralizado de farmacia en residencias sociosanitarias.
En este sentido, se impulsa la disminución del coste de adquisición de medicamentos mediante programas personalizados donde se puedan utilizar envases clínicos o medicamentos adjudicados en central de compras, tanto para residencias sociosanitarias como para programas de atención farmacéutica domiciliaria a pacientes crónicos. En concreto, hay cerca de 22.000 plazas residenciales en la Comunitat, de las que 7.000 ya disponen de un sumunistro personalizado por cinco servicios de farmacia sociosanitarios.
Los farmacéuticos, totalmente en contra
La presidenta del Consejo de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, María Teresa Guardiola, ha exptresado su rotunda oposición a estas medidas del Consell. «Sorpresa, decepción e indignación. Estas sensaciones ha dejado en la farmacia valenciana la publicación el pasado 1 de marzo, y sin previo aviso, de un decreto-ley de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica con el que su Generalitat pretende ahorrar 300 millones de euros y en cuyo contenido las boticas nos salen muy bien paradas», ha manifestado Guardiola.
Los farmacéuticos exigen cambios en el documento. «Les pedimos su reconsideración en dos puntos principales de su contenido: los capítulos referentes a la dispensación directa a crónicos en centros de salud y la concertación individual. Tengo la esperanza de que tomen consciencia de la gravedad que tienen estos temas para la farmacia valenciana. No voy a negar que la esperanza es pequeña, pero tengo que confiar», afirma Guardiola.
El Decreto-Ley también actualiza las condiciones básicas de la prestación farmacéutica en las oficinas de farmacia, proponiendo nuevas opciones de concertación, impulsando la aplicación de procesos automatizados en dispensación, facturación y pago de la prestación farmacéutica en el marco de la receta electrónica y protegiendo la asistencia farmacéutica de las oficinas de farmacia con ingresos reducidos (facturación anual inferior a 200.000 euros), normalmente por situarse en zonas dispersas y rurales, mediante la aplicación de un incentivo económico. Se trata de la aplicación del índice reductor de las oficinas de farmacia en su facturación al Sistema Nacional de Salud que establece la normativa estatal (RD-L9/2011).
Aproximadamente, el 10% del total de oficinas de farmacia estarían en esta situación (218), pero sólo suponen el 2% del conjunto de la facturación. Las ayudas que se destinarán se aproximan a 1 millón de euros.
Prestación ortoprotésica
En el ámbito de la prestación ortoprotésica, se potencia la utilización de los sistemas de información a través de la prescripción y facturación electrónica de exoprótesis (HERA) a la vez que también se establecen Comités Clínicos de utilización de implantes o endoprótesis y se mantiene la reducción del coste de adquisición de determinados implantes. Se trataría de conseguir la receta electrónica en la prescripción de exoprótesis, reducir los circuitos burocráticos y disminuir al menos en 20 millones de euros el conjunto de la prestación ortoprotésica.
Incentivación
Adicionalmente, para 2013, se propone destinar una cantidad económica del ahorro real producido para los profesionales que hayan participado en la consecución del mismo. Este sistema de incentivación se asienta en indicadores de gestión clínica, lo que permite asegurar la calidad de los tratamientos y reducir los problemas en su uso (duplicidades, interacciones, medicamentos inapropiados, etc) basándose en la prescripción más coste-efectiva de acuerdo a las recomendaciones de las sociedades científicas y grupos de expertos. GVA/Redfarmaceutica.com
