Que la Comunidad Valenciana tiene una escasez crónica de profesionales de Enfermería es un dato objetivo incuestionable a la luz de las ratios nacionales y europeas. Ni con el aumento de plazas estructurales anunciado por Sanidad en abril de este año se alcanza la media de España de enfermeras-os/100.000 habitantes.
Y que esa falta de enfermeras y enfermeros influye tanto en la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos como en el aumento de la mortalidad de los pacientes ingresados, es también un hecho. Circunstancias objetivas que estudios como los de Linda Aiken ponen negro sobre blanco.
Además, la pandemia ha puesto en un auténtico brete al sistema sanitario, dejando patente la deficiencia de estos profesionales. Este verano, en julio y agosto, se han vaciado las bolsas de contrataciones, haciendo más evidente esta escasez.
Con este panorama, a modo de mantra, se ha familiarizado la frase “faltan enfermeras”, y según parece, desde las distintas universidades se van a encargar de aumentar el número de nuevos egresados de Enfermería para tratar de dar solución a esta carestía.
Sin embargo, este incremento ¿está acompañado de los correspondientes estudios que lo avalen? En este sentido, ¿sabemos realmente cuántas enfermeras y enfermeros podemos sacar al mercado laboral? ¿qué capacidad real de incorporación tienen el Sistema Nacional de Salud y resto de contextos laborales donde hay Enfermería? En definitiva, ¿va a haber un equilibrio entre los nuevos graduados y lo que el sistema puede absorber?
Antes de que sea tarde se debe llevar a cabo una profunda y seria reflexión para afrontar el problema con el suficiente conocimiento de causa como para evitar que en unos años tengamos una burbuja de enfermeras y enfermeros obligados en volver a depositar en países de nuestro entorno sus expectativas laborales.
La solución no está tanto en incrementar las plazas en las universidades públicas y privadas como en conseguir el compromiso político de creación del número suficiente de plazas estructurales para ir disminuyendo las diferencias en las ratios comentadas.
Y si, además, nos centramos en el ámbito de nuestras especialidades, la situación debe seguir el mismo criterio con la creación de plazas específicas. De nada sirve ir aumentando el número de plazas de formación en el EIR si luego no se les da salida.
Es necesario realizar un mapa a tiempo real de enfermeras y enfermeros en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, cuantificar el número de profesionales con posibilidad de incorporarse al sistema una vez superadas las secuelas de la COVID-19, tener en cuenta el relevo generacional, identificar con claridad la orientación que se quiere dar a la atención sanitaria y, en este sentido, conocer la voluntad política de aumentar las plazas estructurales, ratificada con dotación presupuestaria.
Y en base a todos estos datos, realizar una planificación ad hoc de recursos humanos (enfermeras y enfermeros) a corto y medio plazo, con inversiones estratégicas e inteligentes y una adecuada hoja de ruta, por parte de la Administración Sanitaria y las universidades.
Es imprescindible poner énfasis en la obligación de reforzar con evidencias profesionales y políticas las decisiones que se tomen para que estas sean las más adecuadas y coherentes. La deficiente ratio enfermera/paciente que tanto preocupa al colectivo no aumenta por el hecho de tener muchas profesionales graduadas pero sin empleo, solo se incrementan cuando se dota de más plazas estructurales de enfermeras y enfermeros al sistemas sanitario.
Quizás un deseo utópico, máxime cuando la iniciativa legislativa popular, la llamada Ley de ratios de enfermeras, a pesar de que contó con gran respaldo social (casi 700.000 firmas y fue apoyada por una gran mayoría en el Congreso de los Diputados) sigue, después de casi tres años, totalmente bloqueada, habiendo sido prorrogada en sesenta y dos ocasiones.
Toda una muestra del total desinterés de la clase política por solucionar el déficit estructural de enfermeras y enfermeros.
Ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre y no sería lo más acertado dar una solución a ojo sin unos rigurosos estudios que la avalasen. Necesitamos más enfermeras y enfermeros por cuestión tanto cuantitativa como cualitativa, como dije al principio, pero no caigamos en el error de no afrontar este problema con el rigor de la solución adecuada.
José Antonio Ávila es secretario general Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA)