Los aproximadamente 1.600 dependientes de la provincia que, según la Plataforma de Dependientes de Castellón, ya están baremados, valorados y aprobados por el Consell siguen a la espera de ver plasmadas en forma de prestación lo que ha sido aprobado. Esta situación, según los respresentantes de la Plataforma, está llevbando a un auténtico drama a muchas familias y personas deavanzada edad que no pueden asumir el coste de medicmaentos, tratamientos o aistencia y que, en el peor de los casos, fallecen antes de ver satisfecho ese derecho que les grantiza la ley. Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma de Dependientes de la Comunitat Valenciana, ha manifestado a Hoy Comentamos su decpeción por la falta de voluntad de la Generalitat para resolver esta situación. «El problema más urgente que tenemos ahoram ismo -explica Castellano- es el impago a los dependientes a los que ya se les ha aceptado como tales y que, por tanto, tienen todos los derechos a cobrar esas ayudas».
El Consell, según la Plataforma, da la calladap or respuesta o, en el emjor de los casos, les asegura que no hay fondos para estas partidas y que hay que retrasar los pagos. El problema es que «en lagunos casos esos retrasos superan el año o dos años, cuando la ley de procedimiento administrativo garantiza no más de 6 mese sin repsuesta por parte de la administración», afirma Castellano.
Por su parte la representante en Castellón de dicha plataforma, Carme Santamaría, ha señalado que «seguimos esperando en muchos casos que la Generalitat apruebe los expedientes para cobrar y hay mcuha gente mayor en situaciones muy difícules por culpa de estos pagos a los que hay que sumar la retirada de las suvbención a los medicamentos».
A estos apuros económicos se viene a sumar desdeh acem eses la retirada de las ayudas al a ocmpra de medicamentos «porque la Generalitat ha suprimido la normativa autonómica que le obligaba a proporcionar medicamnetos a los dependientes y le echan la culpa de todo a la ley de ajustes preuspuestarios apropbada por el Gobierno de Madrid», afirma Santamaría.
Hace pocos días varios representantes de las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fueron invitados al debate sobre la proposición de ley defendida por el diputado socialista, Juan Ignacio Subías en Les Corts. Dicha proposición de ley, apoyada por el resto de partidos de la oposición, pretendía, en líneas generales volver a recuperar el artículo 16 de la ley 11/2003 de 10 de abril, derogado el pasado mes de diciembre, según el cual “la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas, a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticadas con un grado de minusvalía igual o superior al 65%”.
Los representantes vieron como la proposición era denegada con el voto mayoritario del PP por lo que han expresado su «más profunda indignación e impotencia al ver que en sede parlamentaria la diputada del PP, Mª José García, mentía reiteradamente al insistir en el argumentario que utilizan desde el President Fabra hasta la consellera Sánchez Zaplana y que consiste en esgrimir que la implantación del copago farmacéutico viene impuesta por una normativa estatal. Es radicalmente falso», explican en un comunicado de prensa.
Según los dependientes la supresión de las ayudas a los productos farmacéuticos y protésicos es «pura y simplemente una decisión política, que junto a los innumerables recortes en la Ley de la Dependencia, prácticamente extinta, han terminado de mostrar la verdadera cara e ideología del gobierno de Alberto Fabra hacia los que considera improductivos y no merecedores de ser considerados personas con el derecho de llevar una vida digna».
El TC da la razón a los dependientes frente al silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificarlo personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 -y aprobada por las Cortes el 27 de diciembre del mismo año- fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así. G. Ferrándiz/COECS.
