La Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA) ha publicado recientemente un documento en el que hace balance de la realidad socioeconómica que vive la sanidad pública española y aporta algunas soluciones para paliar el déficit económico que sufre la misma. Según los directivos de sanidad gran parte del gasto de las comunidades autónomas se destina actualmente a la sanidad (más de un 40% en la mayor parte de los casos) y esto no redunda finalmente en una calidad asistencial mayor por lo que la salud de la población debería abordarse, según esta asociación, desde puntos de vista nuevos y, sobretodo, desde el campo de la prevención.
En fechas recientes el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón ya destacaba la necesidad de potenciar la faceta educativa y preventiva que juegan las enfermeras. Un ejemplo claro es el trabajo de las enfermeras escolares, que han demsotrado con su trabajo en los colegios públicos de Benicàssim, un incremento en los conocimientos y actividades en pro de la salud de los alumnos y los padres respecto a otras localidades sin esta figura.
En este sentido las posiciones defendidas por SEDISA encajan con el postulado de los colegios profesionales de Enfermería de la Comunitat Valenciana, que defienden desde hace tiempo una mayor implicación de las instituciones sanitarias en la prevención y la atención a los crónicos.
Según destaca SEDISA «está bastante estudiado que a partir de un determinado nivel de gasto sanitario no aumenta la salud de la población, circunstancia que se da en nuestro entorno de la OCDE, ya que la salud de la población está muy influenciada por estilos de vida, el ambiente, el desarrollo socioeconómico, educativo, la carga genética y en menor medida por la asistencia sanitaria. No debemos pues caer en el error de pensar que mayores presupuestos y recursos sanitarios significan automáticamente más salud. Los sistemas sanitarios más eficientes en nuestra sociedad occidental, donde uno de los factores más importantes es el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional, son aquellos que están girando el enfoque de su planificación y acción hacia la atención sociosanitaria, la atención a la cronicidad, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad , consiguiendo más años de vida saludables».
Desde lo público y desde lo privado
SEDISA ha reclamado que se acabe con el conflicto entre la sanidad pública y privada por demostrar cual de estas es mejor gestionando los recursos ya que, según aseguran, es un discurso esteril. Según los directivos sanitarios ambas opciones tiene puntos positivos y negativos y, en ambos casos, el objetivo debería ser un sistema eficaz de gestión que maximice los beneficios sociales y, al mismo tiempo, los económicos. «Consideramos -aseguran desde SEDISA- que no se puede demonizar ningún modelo de gestión. Igual de falaz es decir que la gestión privada de servicio público va disminuir la calidad asistencial y sólo busca el lucro, que decir que la gestión pública directa es absolutamente ineficiente, son discursos extremos que no reflejan la realidad que es mucho más compleja. La buena gestión puede darse en cualquier modelo. Los modelos de gestión son meras herramientas para conseguir el fin de obtener la mejor gestión sanitaria posible, que en el caso de una sanidad pública sufragada por impuestos debe ser la que permita obtener el máximo nivel de salud al menor coste colectivo para la ciudadanía, que es quien la paga, manteniendo la equidad. Esto es una gestión orientada a maximizar la eficiencia».
Los grandes hospitales, más controlados
No hay que olvidar que los grandes Hospitales Públicos de tercer nivel han sido parte importante en la generación de gasto sanitario y que parte de las bolsas de ineficiencia más importantes puede encontrarse en ellos, bien por exceso de uso de tecnologías innecesario por su accesibilidad, así como por incrementos de plantillas poco controladas, inducido por el poder mediático y de atracción de dichos centros. No se está prestando atención en el debate de la reforma sanitaria estos centros y otros de gran tamaño de gestión pública directa, ya que sistemáticamente se obvian y olvidan limitándose las formulas alternativas de gestión en gran medida a centros nuevos, periféricos o de mediano tamaño. Es imprescindible poner en la agenda de reformas estos centros públicos y de todos los de gestión directa administrativa en general, para hacerlos más ágiles y para que teniendo mejores herramientas de gestión puedan entrar en una dinámica de competición y mejorar de su eficiencia. Para ello nuestra propuesta sería la transformación de los mismos en entidades de derecho público previstas por la ley, para mantener la gestión pública sin ánimo de lucro de los mismos, pero con formulas más ágiles como hemos comentado ya sea transformándolos en Empresas Públicas, Fundaciones Públicas o Consorcios, asignándoles una financiación capitativa ajustada e introduciéndolos en la senda de la evaluación sistemática del resultado en salud de sus tecnologías y del desempeño.
Las asociaciones científicas exigen más profesionalidad en la gestión
Por su parte la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME) sostiene que hay «una alternativa a la privatización de la sanidad pública y esta reside en impulsar la gestión clínica con reformas jurídicas que permitan mayor flexibilidad, según expresa en un manifiesto. Para ello reclama gestores capaces».
El presidente de FACME, José Manuel Bajo Arenas, presentó este lunes la declaración «pactada, digerida y corregida» por las sociedades científicas y médicas que conforman la federación, pero, antes, se vio obligado a aclarar que son ellas las que han impulsado este manifiesto y que en manera alguna se ha querido poner en cuestión el papel de los consejeros de sanidad, sino ofrecer un diálogo constructivo por la sostenibilidad de la sanidad pública. «Todo el es un ofrecimiento al pacto», insistió Bajo Arenas.
El manifiesto de ocho puntos, fue presentado oficialmente el lunes por el Presidente de FACME, el Vicepresidente, Carlos Macaya, el Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunicataria (SemFYC), la Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el Presidente de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, Francisco Vicente Álvarez, y Fernando Carballo, miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva.
Revisar las políticas
En el documento, al que se han adherido la OMC y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), hace un llamamiento a las comunidades autónomas que parecen dispuestas «a limitar su responsabilidad directa de gestionar el sistema sanitario público, proponiendo la transferencia de una parte sustancial de esta gestión (prestación de servicios) a empresas privadas, sin enfrentar decididamente medidas para preservar y/o introducir mejoras en el funcionamiento del propio sistema sanitario público». Se trata de una política que, para la FACME, merecería ser revisada, «buscando responsables capaces de afrontar verdaderamente el conjunto de las reformas necesarias para el SNS».
Para la federación, «no existen precedentes, en las democracias avanzadas, de tomas de decisión de esta trascendencia sin que hayan sido sometidas a un debate público» por lo que demandan a los políticos que propugnan la privatización de la gestión de la sanidad que hagan públicos los datos en los que se basan sus decisiones. «No se trata de una solicitud de información, sino una exigencia democrática», recoge el manifiesto.
Frente ello, las sociedades integradas en FACME entienden que existen alternativas «menos traumáticas» que tienen como núcleo fundamental el desarrollo de la autonomía de gestión clínica y que, en su opinión, preservan los principios generales del Sistema Nacional de Salud. Fue Carlos Macaya, Vicepresidente de la Federación, el que planteó la necesidad de dotar a los centros públicos de una nueva personalidad jurídica para que puedan gestionar con mayor flexibilidad, recordando las reformas estructurales que, en ese sentido, llevó a cabo el ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría. G. Ferrándiz/COECS.
