El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) quiere llamar la atención sobre la circunstancia de que los perjuicios que ocasionaría la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del llamado Real Decreto de prescripción enfermera justifican su no publicación. Una situación claramente atípica pero a la vez una decisión llena de sensatez y sensibilidad política a la vista de las reacciones que ha generado la posible entrada en vigor de esta norma.
El Consejo de Ministros del pasado 23 de octubre dio luz verde a la regulación de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Y se hizo de una forma recriminable desde cualquier punto de vista, permitiéndose que se modificara “in extremis” el contenido de este Real Decreto sin contar o avisar a la parte afectada.
Una circunstancias que está provocando un clima de máxima crispación e incertidumbre profesional, institucional y social que no tiene parangón en la historia reciente de Enfermería.
Para el Cecova, esta inusual maniobra de última hora en el Consejo de Ministros, ya de por sí, abre la puerta de la judicialización, pues nada más vea la luz en el BOE el citado Real Decreto, ya han sido muchas las instancias, tanto profesionales y sindicales, como administrativas, las que se han pronunciado en iniciar la vía de la impugnación del mismo.
Un Real Decreto que lejos de potenciar la interrelación y el aspecto colaborativo entre profesionales del equipo de salud, sin lugar a dudas va afectar negativamente al clima laboral generando confrontación, desconfianza y recelos entre sus integrantes.
Con la publicación de este Real Decreto, los médicos verán incrementada su carga laboral al tener que realizar cometidos que hasta ahora venían realizando y desarrollando diligentemente los enfermeros. Por su parte, los enfermeros se van a sentir agraviados y menospreciados. Por un lado no se recoge la realidad académica ni laboral de la profesión enfermera en cuanto al manejo de medicamentos y productos sanitarios en clara discriminación respecto de los podólogos. Por otro, se sigue relegando a la profesión enfermera a mera disciplina auxiliar y subalterna de la profesión médica al anular su autonomía profesional no teniendo en cuenta el abordaje que se debe llevar a cabo en el nuevo contexto sociosanitario donde estamos inmersos.
El Real Decreto que se pretende publicar, introduce mucha burocracia para la validación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. Son varios ministerios, instituciones y consejos generales de profesiones sanitarias los que tienen que ponerse de acuerdo en su elaboración. Y por si fuera poco, una vez conseguido este difícil consenso, los protocolos y guías deben publicarse en el BOE por resoluciones susceptibles de ser recurridas. Todo un proceso harto difícil para ser viable, y que hace preguntarnos por la situación en la que quedan los actuales protocolos y guías clínicas.
Con respecto a los pacientes, desde el Cecova se considera que tras la entrada en vigor del R.D., esta situación profesional hará que muchos de los procesos asistenciales se ralenticen de manera importante, disminuyendo la efectividad y calidad de los mismos, con el consiguiente perjuicio para sus destinatarios, o sea, los pacientes y usuarios. Estos, que son los destinatarios últimos de este maremágnum y a quienes debían haber puesto en el centro de toda esta negociación, serán los grandes perjudicados cuando tendría que ser al revés. Asistirán atónitos a cambios incomprensibles en sus procesos de salud-enfermedad, lo cual generara irremediablemente desconfianza y malestar por la asistencia que reciben.
Pero además, el Real Decreto no solo perjudica a profesionales y pacientes, sino también a las comunidades autónomas, cuyos responsables sanitarios tendrán que gestionar las consecuencias negativas derivadas del mismo en sus respectivos territorios.
Si la publicación del R.D., tal y como ha quedado aprobado en Consejo de Ministro, acarrea perjuicios para el trabajo de médicos y enfermeras, tiene consecuencias negativas para los pacientes, y será un calentamiento de cabeza para las comunidades autónomas, lo más sensato, a juicio del Cecova, debiera ser que no se publique.
Quizás esta medida sea también algo inusual, pero, entre volver a cambiar el texto, publicarlo como esta o no publicarlo, quizá lo más inteligente, en opinión del Cecova, sea lo último. Después de las elecciones generales corresponderá al Gobierno que salga de las urnas retomar este asunto y, con las enseñanzas aprendidas tras este tiempo convulso, intentar consensuar un redactado que complazca a unos y a otros.
Desde el Cecova se considera que no tener las prisas ni las presiones que han acompañado a la última parte de la tramitación del Real Decreto, quizás haga que se alcance un texto más consensuado y acorde a las realidades de todas las partes. Eso sí, el no tener ya esas prisas ni presiones no puede hacer que se relaje la búsqueda de la solución a este asunto. Los nueve años que llevamos con esta cuestión ya son bastantes. Cecova.
