El sector de la Discapacidad está harto. Esa es la sensación que se respiraba en la protesta organizada por el Cermi, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en el corazón de Castellón de La Plana. Cientos de personas, discapacitados, familiares, políticos, sindicalistas, personal de atención y. lógicamente, sanitarios que atienden a este sector se han echado a la calle para reclamar a la Generalitat que acabe con el copago de los servicios residenciales de los discapacitados.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana así lo ha decretado recientemente en una sentencia pero la Conselleria de Benestar Social ha recurrido la misma e insiste en imponer un pago extra, ahora bajo la forma de una tasa, todos los ciudadanos beneficiarios de residencias y centros públicos financiados por la Generalitat.
Según denuncia en un comunicado la Plataforma para la defensa de la Ley de Dependencia de la C.V. manifesta «nuestra repulsa a la nefasta gestión de la Consellería de Bienestar Social actuando en connivencia y complicidad con el resto del Consell del PP en la Comunidad Valenciana, demostrando actuar a espaldas de los ciudadanos aplicando medidas de recortes, repagos-copagos y limitaciones de derechos de las personas en situación de discapacidad».
La solución a este conflicto entre discapacitados y Generalitat no parece cercana y entre los entrevistados parece claro que el cambio en las políticas sociales está, cada vez más, en un cambio de gobierno.
Mientras discapacitados y Generalitat esperan la decisión final del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana las tasas anunciadas como modificación de la norma planteadas por el Consell entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2015.
Cabe recordar que, aparte de los principales afectados, los dependientes, el sector de las residencias y la dependencia da trabajo a centenares de profesionales de la salud y la educación en toda la Comunitat Valenciana. Gabriel Ferrándiz/COECS.
