Desde junio de 2013 la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership), que no se aprobará antes de 2016.
Las asociaciones que defienden la sanidad pública -entre ellas la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)- aseguran que «esta negociación se ha caracterizado desde el comienzo la opacidad y la falta de transparencia a pesar de que los acuerdos afectan a los ciudadanos y que como cualquier otra ley debería estar sometida a debate parlamentario».
Según estas asociaciones «la profunda crisis económica de EEUU y la UE desde 2008 es la justificación de un proyecto que pretende liberalizar las relaciones comerciales entre las dos áreas comerciales más grandes del mundo, con un flujo económico de exportaciones de Europa a EEUU de 356,8 billones de euros y de 457,1 billones de en sentido contrario. La principal justificación del acuerdo es que mejorará el empleo y el crecimiento económico, pese a que organizaciones prestigiosas como el Centre for Economic Policy Research vaticina que solo promoverá un crecimiento del 0,05% al año durante los próximos diez años».
Los promotores de la campaña contra el TTIP aseguran que en anteriores acuerdos internacionales de libre comercio han favorecido la liberalización del flujo de mercancías, pero no la libre circulación de trabajadores, limitando la capacidad de negociación de los sindicatos, reduciendo los salarios y elevando la desigualdad social.
Para la FADSP el TTIP supone una continuación de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea sobre liberalización de servicios que supusieron la privatización de los servicios públicos en los países de la UE. «Con este nuevo tratado se ampliarían las políticas comunes de inversiones, de derechos laborales (naturalmente a la baja), la agricultura y la alimentación, la cultura y los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la sanidad pública, la fiscalidad, el medioambiente y una nueva desregulación del sector financiero. Otros de sus grandes objetivos es la protección de las inversiones financieras y favorecer los contratos del sector público con empresas privadas que tendrán un acceso ilimitado a todos los sectores de la economía.
«El acuerdo se esta negociando con total ausencia de información a la opinión pública, sin contar con las organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones ecologistas, consumidores e incluso de los gobiernos elegidos democráticamente, ya que únicamente lo negocia la Comisión Europea que no esta sometida al control del Parlamento Europeo. Sin embargo los grandes grupos empresariales, las multinacionales y los lobbies de presión han tenido la oportunidad de participar e influenciar en las propuestas. Estos grupos se han marcado el objetivo de conseguir la llamada cooperación reguladora, que permitiría su participación directa en los procesos de redacción de normativas y legislación, algo que no ha conseguido ni los gobiernos nacionales de la UE», aseguran desde la FADSP.
El Tratado tendrá implicaciones muy negativas y de largo alcance para el Sistema de Salud Público.
Los acuerdos negociados desde 2009 se han centrado en la regulación y armonización de las legislación sobre servicios públicos, su apertura al mercado y el acceso de los inversores privados a los presupuestos públicos, lo que ha implicado la privatización de algunos de estos servicios.
Los defensores de la Sanidad Pública destacan que «los sistemas públicos de salud europeos será uno de los mercados que se abrirán a la participación de empresas estadounidenses. Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los países europeos, para tener la oportunidad para obtener grandes ganancias en un momento en que tienen dificultades para hacer grandes negocios en otros ámbitos».
Los objetivos en materia sanitaria del Tratado están dirigidos «a eliminar medidas reguladoras que afectan al comercio como la eliminación de las normas y marcos legales europeos y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos, la reducción de las regulaciones ambientales y alimentarías que garantizan la calidad y seguridad de los mismos a usuarios y consumidores, que son mucho más estrictas que las norteamericanas, el incremento de los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas prolongando los períodos de las patentes de medicamentos e innovaciones tecnológicas y la protección de la inversión de las empresas privadas en los sistema sanitarios».
Entre las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el Tratado la FADSP destaca:
1. Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes (como los hospitales PFI de Madrid o de Vigo, que multiplican por siete su coste real).
2. Las empresas podrán garantizar y proteger sus inversiones con un arbitraje Inversionista – Estado, que otorga a las corporaciones el derecho de demandar a un gobierno que tome decisiones que dañen sus ganancias, al margen de los tribunales nacionales de justicia. Como consecuencia los gobiernos europeos que adopten medidas legislativas que reduzcan las expectativas de ganancias a una empresa se enfrentarán a reclamaciones por «expropiación» al asimilarlas a una incautación ilegal de la propiedad privada por el gobierno.
3. La concesión de indemnizaciones en primera instancia para el arbitraje de las inversiones de las empresas en los sistemas sanitarios públicos supondrá una seria amenaza para la capacidad de los gobiernos de intervenir en la defensa del interés público.
La Comisión Europea y los grupos políticos que apoyan el Tratado alegan, para intentar neutralizar a las organizaciones que se oponen al mismo, que Parlamento Europeo aprobó una resolución que excluía de la negociación a los servicios públicos, especialmente los sanitarios, de la entrada del sector privado en los mismos, pero hay que recordar que las resoluciones del Parlamento Europeo, no son vinculantes para la Comisión Europea que es quien lleva a cabo las negociaciones, mientras que la influencia de los parlamentos de los estados europeos sobre estos contenidos del acuerdo es baja o nula.
Por ello no queda claro finalmente si la sanidad pública quedaría excluida de las cláusulas que garantizan a las empresas privadas el acceso a la misma y la protección de los inversores. Por otro lado unos de los objetivos claves de la negociación es garantizar el acceso de las empresas privadas a la contratación pública y los servicios sanitarios, dado que estos suponen una parte sustancial de los presupuestos estatales (en España rondan el 30-40% de los presupuestos de las CCAA).
Según las asociaciones defensoras de la Sanidad Pública «uno de los principales objetivos del tratado es conseguir la privatización de los servicios sanitarios, que son vistos por los inversores privados y por la industria farmacéutica de tecnologías sanitarias como enorme lista de compras. En este sentido la Comisión de Comercio de la Unión Europea acordó en 2010 presionar para alcanzar un acuerdo comercial que armonizara la regulación del sector público europeo con el norteamericano que debía incluir la asistencia sanitaria dada su importancia económica, por lo que debería privatizarse como en los Estados Unidos». Gabriel Ferrándiz/COECS.
