El Congreso de los Diputados aprobó en la mañana de ayer continuar con la tramitación de la Ley General de Salud Mental, una iniciativa que pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión sin estigmatizaciones, ni discriminaciones.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, plantea garantizar el derecho a la protección de la salud mental por Ley, lo que va más allá del desarrollo de una Estrategia Nacional de Salud, que es lo que se plantea desde el Ministerio de Sanidad, y en el que se lleva años trabajando desde distintos Gobiernos.
Así, al finalizar el pleno ha sido aprobada para su toma en consideración con 96 votos a favor, apoyada por el PSOE, Más País, EH Bildu, PRC y Cs; 35 abstenciones, entre ellas las de PP y PDeCAT, y ningún voto en contra.
Tiempo y ratios de profesionales
La presente ley establece nuevas garantías de tiempo y ratios de profesionales en aras de facilitar y extender el acceso a la atención pública a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A tal fin, el Consejo Interterritorial acordará, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos, el establecimiento de ratios mínimas.
Así, deberá garantizar que el SNS cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Estos ratios, destacó Echenique, deberán alcanzarse progresivamente en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley.
Proteger la salud mental por ley
Además de los ratios, imprescindible dentro del desarrollo de esta Ley, se ha señalado la importancia dentro de la misma de combatir los efectos de la estigmatización, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos relacionados con la salud; esta ley deberá crear los mecanismos pertinentes para su detección, denuncia y reparación.
La Ley será promovida por el Sistema Nacional de Salud; ninguna persona podrá ser discriminada en el acceso a las prestaciones y servicios previstos; todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su salud mental; y los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente ley en garantía de la salud mental de la población. EP
