Según la Intervención General del Estado, en España hay 22.500 coches oficiales. Más de 20 veces el número de coches oficiales en USA y que cuestan al Estado más de 1.200 millones de euros al año. Existen, además, un número indeterminado de coches de uso oficial adscritos a empresas públicas y organismos públicos.
Los coches oficiales se utilizan para el traslado de autoridades, políticos e invitados de las distintas administraciones. Esos coches oficiales son distintos a los que prestan los servicios públicos y que están adscritos a los distintos Ministerios o Consejerías: vehículos de Policía, Bomberos, ambulancias, servicios médicos, etc.
En definitiva, se puede diferenciar entre aquellos vehículos que se utilizan para dar servicio a los ciudadanos y aquellos que se utilizan para dar servicio a los políticos y autoridades.
La cuestión, en este momento de recortes y de necesaria restructuración del Estado, es a cuál de los dos debe aplicarse el recorte: si a aquellos que se destinan a los ciudadanos o a aquellos que se destinan a los políticos.
Pongo dos ejemplos de ambas clases, que conozco directamente, para que el lector avieso extraiga su consecuencia y responda a las preguntas que la situación plantea.
El primer ejemplo son los enfermeros de atención primaria que prestan sus servicios para la Consellería de Sanitat y que están destinados tanto en las ciudades como en núcleos de población con gran dispersión geográfica. Estos enfermeros no disponen de vehículo facilitado por la Consellería para su desplazamiento. En la Comunidad Valenciana hay más de dos mil enfermeros en esas funciones. En ocasiones tienen que acudir a atender las llamadas a diez o veinte kilómetros de donde se encuentra su centro de trabajo. Son llamadas de pacientes con enfermedades, más o menos graves, más o menos urgentes, ancianos, discapacitados que necesitan la asistencia del enfermero. Este, al carecer de medio de locomoción facilitado por la Consellería debe acudir a atender al paciente con su propio vehículo. Esto implica que el enfermero tenga que pagar la gasolina, el desgaste de vehículo, el aceite, el seguro, las averías, el coste total, en definitiva, sin que la Consellería le reintegre ni un solo céntimo por locomoción o transporte. Pero el enfermero presta ese servicio, que le cuesta dinero de su ya de por sí recortado sueldo, porque su profesión es vocacional y su máximo interés es la salud del paciente. Cuando reclama a Consellería un remedio para la situación esta da la callada por respuesta. El número de vehículos adscritos a este servicio es cero.
El segundo ejemplo es la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Su función es fiscalizar las cuentas del Gobierno Valenciano, de las Consellerías, Ayuntamientos y demás organismos públicos. Es decir, auditar y controlar las cuentas. Es un servicio esencial para la Democracia, nadie lo discute, necesario para controlar que el dinero público se aplique realmente al servicio público, que no se malgaste, que no se distraiga por los responsables políticos y que no acabe en manos de personajes corruptos. Para esta labor cuentan con una plantilla de 3 Síndicos, 86 empleados y varios coches oficiales, entre ellos 2 vehículos AUDI A 6-con sus respectivos chóferes- que aparcan todos los días en la Plaza de la Reina de Valencia y allí permanecen aparcados la práctica totalidad del día, esperando que su usuario tenga la conveniencia de desplazarse.
Las preguntas son fáciles: ¿Para qué necesita un contable un Audi A 6 aparcado a la puerta de su oficina todo el día con un chófer en nómina del Tribunal si su función es hacer números en una mesa y con un ordenador? ¿Por qué los enfermeros no disponen de un vehículo público-aunque sea un SEAT o un FORD- para prestar un servicio público vital en interés del ciudadano y que además es cumplimiento de un derecho fundamental como es la sanidad? ¿Por qué la Sindicatura de Cuentas cuya misión es fiscalizar la aplicación de los recursos públicos no fiscaliza la distribución de los coches oficiales? ¿Por qué los políticos, autoridades y demás usuarios de los coches oficiales que todos pagamos con nuestros impuestos no pueden utilizar el transporte público como hacemos los demás ciudadanos? ¿Por qué siempre el perjudicado en el destino del servicio público es el ciudadano y no el político?
José Pascual Fernández
Abogado del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón
