Seis sociedades científicas federadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han manifestado su preocupación por el riesgo de la posible modificación o reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/10, de 3 de marzo, al considerar que impactaría en la salud física, psicológica y social de las mujeres que viven en España.
Ellas son la Sociedad Española de Epidemiología, Asociación de Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Asociación de Economía de la Salud, Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears y la Asociación Madrileña de Salud Pública, todas ellas integradas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Y es que, actualmente, y según los datos del Ministerio de Sanidad, se realizan más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo en España cada año, lo que equivale a unas 12 interrupciones anuales por cada 100.000 mujeres en edad fértil.
«Existe evidencia científica de que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que deriva en que éstas se produzcan en peores condiciones sanitarias», dicen estas sociedades.
Del mismo punto de vista es la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien también pone de manifiesto que las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo de morbilidad y mortalidad materno-infantil, como consecuencia, principalmente, de hemorragias, infecciones, envenenamiento y otras complicaciones.
En sus palabras, «la legalidad del proceso de interrupción deriva en la disminución de las tasas de mortalidad de las mujeres, con resultados inferiores a una muerte por cada 100.000 interrupciones».
«Por lo tanto, se ha demostrado que cuanto más restrictiva es la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, existen más abortos clandestinos y en consecuencia más riesgo de morbimortalidad materna», exponen.
Por otro lado, el hecho de obligar a llevar a término un embarazo donde se diagnostiquen malformaciones fetales, además de ser un riesgo para la salud, puede tener una grave repercusión económica y social. «Esta repercusión se ve agravada por la situación actual de dificultades de empleabilidad y de recortes sanitarios y sociales», advierten.
«Por todo lo anterior, es probable que una modificación de la ley tal como se plantea derivará en un aumento de las desigualdades sociales en salud, y representa un fuerte retroceso de la Salud Pública», concluyen. ConSalud.
