Un reciente informe publicado por el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, ha puesto en el punto de mira la política de austeridad impuesta por el actual gobierno de España y como está afectando a los menores de edad. Según el informe «El comisionado está preocupado por la creciente tasa de pobreza infantil en España, que alcanzó el 30,6% en 2011, y tiene un potencialmente devastador impacto a largo plazo sobre los niños y el país. Los niños se han visto desproporcionadamente afectados por los recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos y la reducción de la familia beneficios han llevado a algunos niños a experimentar la miseria y los problemas de nutrición».
Ante este panorama el comisario insta a las autoridades a «adoptar y poner en práctica estrategias más enérgicas y coordinadas para hacer frente a la causas fundamentales de la pobreza de los niños y para prevenirla. En este contexto, España está llamada a adherirse al Carta Social Europea revisada y su mecanismo de reclamaciones colectivas».
Según los datos que maneja la Unión Europea hay cerca de 3,8 millones de personas con discapacidad en España. Ellos son los que, según explica Muižnieks, están sufriendo doblemente la situación impuesta por la austeridad ya que se les cierran puertas ahora y, muy previsiblemente, en el futuro. El comisario se ha mostrado «preocupado por el grave impacto que los recortes presupuestarios han tenido sobre las condiciones de vida de estas personas y su inclusión social. No hay evaluación del impacto de los recortes presupuestarios de las personas con discapacidad y hemos observado deficiencias en la aplicación de la ley de 2006 sobre la autonomía y atención a la dependencia. Ante esta situación estoy preocupado por el hecho de que la crisis económica y las restricciones financieras tendrán en la mayoría de los programas y las políticas destinadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, incluidas las medidas para mejorar la accesibilidad a servicios generales, así como los programas de empleo y formación».
El comisario se ha mostrado «particularmente preocupado por el impacto potencial de reducción de los presupuestos educativos en la inclusión de niños con discapacidad en la enseñanza general , teniendo en cuenta el ya elevado tasa de deserción escolar entre los niños de España».
Nils Muižnieks se ha entrevistado con numerosos representantes de todos los colectivos sociales involucrados en la defensa de los Derechos Humanos en España para recabar la información necesaria para escribir este demoledor informe. Entre ellos se cuentan la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Benzo Fernando, el embajador para los Derechos Humanos, Juan Manuel Cabrera, o el Director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, entre otros.
El comisario también se reunió con un gran número de representantes de organizaciones de la sociedad civil activa en el campo de los derechos humanos, tanto en Madrid como en Sevilla. Visitó un centro de apoyo a la niños operados por Save the Children en Madrid (Puente de Vallecas ) , así como dos centros dirigidos por ONGs, el centro educativo «Ángel Rivière» para los niños con autismo y el centro de atención «Ángel Díez Cuervo» para los adultos con autismo, en Sevilla.
Según datos de Eurostat y Unicef la pobreza infantil en España es un peligro cierto. Muižnieks se ha mostrado «profundamente preocupado por la creciente tasa de pobreza infantil en España, donde el 30,6% de niños se calcula que el riesgo de pobreza en 2011, un incremento de aproximadamente 10% en comparación a 2008. La pobreza infantil, probablemente el efecto más visible en los niños de la crisis económica y medidas de austeridad fiscal, tiene un potencialmente devastador impacto, a largo plazo, dado que tiende a ser una de las principales causas de la pobreza y la exclusión social en la edad adulta».
Al igual que con los menores Europa tampoco ha olvidado a los discapacitados de España, a los cuales dedica también un amplio informe dentro del documento publicado por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Al igual que los menores de edad ellos están sufriendo, según informa Nils Muižnieks, las peores consecuencias de la austeridad y los recortes.
Recomendaciones para alterar el rumbo negativo
El comisario ha instado a las autoridades españolas a continuar con una basada en los derechos humanos enfocada en todas las políticas relativas a las personas con discapacidad, incluso en el contexto de la austeridad medidas que afectan a los presupuestos relacionados con la discapacidad. En este sentido, subraya la importancia de términos de la formulación de políticas y la práctica de consultar estrechamente e involucrar activamente a las organizaciones que representan a personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones sobre las cuestiones pertinentes.
Las plataformas de dependientes exigen cambios
En un comunicado hecho público esta semana la Plataforma de Dependientes ha señalado que este informe es un «todo un varapalo a las inhumanas y crueles medidas, que desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en diciembre de 2011, se están adoptando y que las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de toda España venimos denunciando».
Por ello la Plataforma exige del Gobierno «que haga caso de este informe del Consejo de Europa y que rectifique, comenzando por la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad».
Puedes leer el informe completo del comisario de Derecho Humanos del Consejo de Europa en el siguiente enlace. Gabriel Ferrándiz/COECS.
