Proclama el Artículo 14 de la Constitución Española que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este reconocimiento del derecho a la igualdad, el primero de los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución, supone un éxito en el largo camino de reivindicación de los derechos civiles que comenzó no hace mucho, en la Revolución Francesa.
Tras revoluciones, luchas, guerras mundiales y locales, dictaduras y democracias las Naciones lo reconocieron como Derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, basándose en la misma, se ha ido introduciendo en los ordenamientos jurídicos nacionales que se constituyen como democracias. Queda todavía camino que recorrer para el reconocimiento y consagración del derecho en todas aquellas Naciones que ni siquiera lo contemplan en sus ordenamientos como derecho reconocido. El derecho a la igualdad, nominalmente, supone el fin de la esclavitud, de las servidumbres y del colonialismo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es bueno, positivo, un gran logro de la Humanidad, haber conseguido el reconocimiento a la igualdad como Derecho Fundamental y que se vaya introduciendo en las Naciones como Derecho básico. En España debemos congratularnos porque lo tenemos reconocido desde 1978, en la Constitución. Sin embargo, no basta con el reconocimiento nominal, universal y nacional, del Derecho. Un derecho no lo es si no se aplica. En consecuencia, el camino que queda por andar es hacia la igualdad de la ley tanto en el reconocimiento como en la aplicación del Derecho.
Observamos el mundo que nos rodea y comprobamos con tristeza que sigue existiendo la esclavitud, bajo la forma hipócrita de trabajadores sin derechos sociales, con salarios de miseria y que trabajan en condiciones infrahumanas al otro lado del mundo para que las Compañías Trasnacionales obtengan mayores márgenes comerciales. Sigue existiendo el hambre de un tercio de la población mundial, pese a que los alimentos que produce el mundo son suficientes para alimentar a toda la Humanidad. Sigue existiendo el Colonialismo, hoy representado por la incautación y explotación bajo la apariencia de inversiones empresariales de las riquezas naturales de los pueblos del tercer mundo.
En nuestra España, observamos cómo, pese a la proclamación de igualdad ante los medios sociales de las más altas magistraturas del Estado, se ofrece trato diferente en la aplicación de la ley según el origen y condición de la persona, la sangre que lleve en las venas o el apellido de la familia.
A título de ejemplo, y desde mi experiencia de más de veinticinco años como abogado en ejercicio, nunca antes había visto, ni ocasional ni habitualmente, que un Fiscal recurra una imputación existiendo catorce indicios de delito y que desde la imputación a la desimputación pasen 34 días, con recursos, impugnaciones de recurso, deliberación, votación y fallo de una Audiencia Provincial. Lo más llamativo, ya no solo es el fondo jurídico de la cuestión, sino el tiempo de resolución y que se haga en nombre de la igualdad. Cuántos imputados, con un solo indicio en su contra, a veces sin fundamento ni prueba directa, ven mantenida su imputación durante meses, años, y soportan cómo sus recursos vagabundean entre los Juzgados de Instrucción y las Audiencias que tardan años en resolver su situación. Pero estos no nacieron con un apellido ilustre, en el seno de una familia vinculada al Estado o, sencillamente, no tienen dinero para pagar un buen abogado.
Podríamos encontrar más de catorce razones para mantener que hoy, en España, la igualdad de los españoles ante la ley no se aplica, pese a estar reconocida jurídicamente. La conclusión, no obstante, no debe ser de desesperanza ni de frustración, sino de reivindicación y denuncia de las violaciones de la igualdad. Desde que comenzó la lucha por los derechos civiles, hicieron falta 150 años para su reconocimiento Universal, a mediados del siglo XX. La siguiente etapa es la aplicación real y sin excepción del Derecho a la Igualdad. Llevamos 75 años en esta etapa. Aún estamos en camino, pero debemos seguir andando.
José Pascual Fernández
Abogado del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón
